JAVIER SALAS
Para los españoles, vacunar a sus hijos no es obligatorio; podrán
recibir una reprimenda del pediatra o alguna pega en el colegio, pero
seguirá siendo una decisión exclusiva de padres y madres. El sistema de
salud recomienda sin fisuras la necesidad de vacunar para proteger la
vida de los españoles, pero la ley únicamente regula la posibilidad de
forzar a una familia a vacunar en caso de grave riesgo concreto para la
salud pública. Un comodín que se usó, por primera vez y de manera
excepcional, por la Junta de Andalucía en 2010 cuando un grupo de niños
sin inmunizar por decisión de sus padres provocó un brote con medio
centenar de contagios en Granada.
A partir del caso del niño de Olot enfermo de difteria por culpa de
los antivacunas, nadie en la comunidad científica o médica se ha
planteado la utilidad de las vacunas. Al contrario, su papel se ha
reforzado al saberse que otros ocho niños de su entorno portan la bacteria
pero se salvan de sus terribles consecuencias gracias a que sus padres
sí les inmunizaron. El debate que sí se ha planteado es el de la
necesidad de obligar por ley a vacunar a los menores, como ha sugerido
el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz. Sin embargo, una
rotunda mayoría de especialistas no lo cree oportuno.
Aquí se exponen algunas de las principales razones contra una decisión
con profundas consecuencias, en un debate complejo que sólo debe tener
un objetivo: aumentar la cobertura de vacunación en España, un logro de
la ciencia que salva más de dos millones de vidas cada año en todo el
mundo.
1) Respuesta desproporcionada
"La pregunta es por qué ha de ser obligatorio si las coberturas de
vacunación son altas, el rechazo es totalmente marginal y no está
produciendo problemas", responde Ildefonso Hernández, presidente de la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS),
que considera que sería una respuesta "completamente desproporcionada".
En España, los porcentajes de inmunización de los menores se mantienen
desde hace más de una década por encima del 90%
y, aunque hay una leve erosión en la cobertura en los últimos tiempos,
no hay datos que señalen que el rechazo ideológico tenga un peso
especial.
Entre los miles de casos recogidos en los últimos años por el Centro
Nacional de Epidemiología, sólo se hace referencia a un brote de
sarampión provocado por una familia antivacunas en 2013 en Baleares, con
tres contagios, junto al provocado por 35 niños en Granada en 2010. En
Alemania, el país donde mayor incidencia tienen los movimientos
antivacunas, su peso sería del 3% o el 5% dependiendo de la región,
según los cálculos del Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades (ECDC), que en ninguno de sus informes cita la existencia
de este problema en España. "[En la UE] hay una percepción entre algunos
profesionales de la salud pública de que el sentimiento antivacunas va
en aumento, aunque esto no se muestra en las estadísticas sobre la
cobertura de vacunación en toda la UE", aseguran.
2) No es ese el problema
Al contrario de la percepción generalizada, los grupos mal vacunados o
sin inmunizar en España no son fruto de una negativa consciente que
haya que vencer imponiendo las vacunas por ley. En su gran mayoría, se
trata de gente fuera de la cobertura por motivos sociales. "Nuestro
problema es la pobreza, no el rechazo", zanja Hernández, que fue
director general de Salud Pública hasta 2011. Por ejemplo, los 80.000 menores de cinco años sin vacunar
contra la polio son esencialmente población marginal e inmigrantes, que
suman ese 3%-4% anual que se queda sin recibir ninguna vacuna.
La situación española no se parece en nada a la de EE UU, donde se produjo un brote de sarampión con docenas de infectados
por culpa de las exenciones obtenidas por familias antivacunas en un
país en el que se obliga a presentar la cartilla de vacunación para
acceder a la educación. Allí, como consecuencia de estos episodios, se están replanteando limitar los motivos religiosos y filosóficos por los que una familia puede reclamar que no le obliguen a vacunar a sus niños.
En España, por el contrario, el peor brote reciente de sarampión se produjo en 2011
una barriada marginal de Sevilla que provocó una muerte y 1.700
contagios, sin nada que ver con aficionados a las medicinas
alternativas. De los siete últimos grandes brotes, solo el de
Granada —en un barrio con una concentración excepcional de creyentes en la medicina natural—
tuvo origen ideológico. "Las comunidades de etnia gitana no vacunadas
han jugado un papel determinante en la generación de los brotes y en la
difusión del sarampión entre comunidades, mientras que el papel de los
grupos contrarios a la vacunación ha sido limitado en la transmisión del
sarampión en nuestro territorio", asegura el Centro Nacional de
Epidemiología.
3) Choca con el modelo de solidaridad
"Al contrario de lo que se está diciendo, vacunar no es como poner un
cinturón de seguridad: estamos inoculando un producto. Es por su bien
personal y por el bien colectivo, pero nuestro modelo defiende que las
intervenciones médicas requieran de un consentimiento informado", afirma
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Coincide con él Ildefonso Hernández: "Los valores en los que se basan
las intervenciones en salud pública funcionan por una sensación de
solidaridad", asegura, reivindicando la capacidad de la sanidad pública.
La solidaridad es un pilar del sistema español de salud, en el que ni
se castiga ni se compensa, como sí hacen otros países. Hernández pone
como ejemplo uno de sus resultados más reconocidos, el Sistema Nacional
de Trasplantes, que ha logrado convertirse en un referente mundial por
sus éxitos. Se trata igualmente de un terreno delicado que atañe a
cuestiones muy personales y sin embargo se ha conseguido sin palos ni
zanahorias, sino con el trabajo de concienciación, haciendo a los todos
españoles partícipes de sus logros. Del mismo modo, en España se
alcanzaron altos niveles de cobertura de vacunación después de que se
suprimiera la obligatoriedad en 1986.
4) Puede ser contraproducente
Como recuerda la doctora Silvia Martínez-Diz, que ha investigado al
único grupo antivacunas que ha generado problemas en España, el mandato
del juez para obligar a vacunar acantonó a las familias que se negaban.
Hubo siete que se negaron y que siguen sin hacerlo, ahora convertidas
en líderes espirituales de la comunidad granadina del Albaicín. "Ahora
se han empoderado. Obligarles no sería beneficioso", asegura.
"Ligar una medida tan buena como la vacunación a medidas coercitivas
provocaría un grave daño", señala Hernández, señalando que se podría
romper el vínculo entre paciente y médico si este último se convirtiera
también en un agente que persigue un incumplimiento asociado a posibles
castigos. "Además, ¿cómo penalizaríamos? Los castigos siguen causando
daño a la víctima, el niño sin vacunar. Se le está provocando un segundo
problema", dice este catedrático de Medicina Preventiva en referencia a
modelos que castigan con multas o sin ayudas, como el australiano, que
cada vez que se vacuna a un menor entrega 200 dólares.
Un artículo en The Lancet destacaba
que "todas las formas de coacción, ya sea vinculadas a la entrada en la
escuela o a las prestaciones sociales, golpearían más duramente a los
pobres en términos de bienestar general de estos miembros de la
comunidad", mientras las familias con recursos podrían comprar
su derecho a no vacunar, generando mayores desigualdades. Cuando se
instauraron estas medidas en Australia, en 1997, la cobertura de
vacunación era únicamente del 75%, más de 15 puntos menos que la España
actual.
Además, los países que obligan a vacunar se tienen que hacer
responsables de la respuesta que las vacunas provoquen en el organismo
de los vacunados. Todos estos países tienen generosos sistemas de
compensación económica para los efectos secundarios que, aunque se dan muy excepcionalmente,
los colectivos antivacunas celebran como victorias en sus páginas web
de difusión de medias verdades. "Estaríamos creando mártires", advierte
García Rojas, "y estarían provocando polémicas por cualquier pequeña
fiebre que sufrieran los niños, reabriendo el debate una y otra vez".
Según los estudios que han analizado el rechazo a las vacunas, uno de
los motivos que más destacan los reacios es la desconfianza hacia el
Gobierno y las instituciones médicas, junto a la falsa creencia de que
son malas. En ese contexto, incluir hoy la obligatoriedad "pondría las
cosas peor", según señalaba el director de Inmunización del Ministerio
de Sanidad del Reino Unido, David Salisbury, en un artículo en la revista British Medical Journal, ya que a su entender reforzaría la sensación de desconfianza hacia las autoridades sanitarias.
5) Hacer las cosas bien funciona
Salisbury escribía este artículo desde la experiencia de su país, que
se ha convertido en un ejemplar campo de batalla contra los antivacunas
y sus bulos. Reino Unido —en buena medida por la irresponsabilidad de
los medios— fue el país al que con más fuerza golpeó el estudio falseado
en 1998 por Andrew Wakefield en el que mentía diciendo que las vacunas
causan autismo. Justo a partir de ese año, el porcentaje de niños
vacunados se derrumbó dramáticamente hasta el 80%, más de 10 puntos en
cinco años. A pesar de la gravedad de la situación, no se optó por la
obligatoriedad sino por implantar medidas para recuperar con razones la
confianza de la población.
En 2003, en plena tormenta, los médicos británicos debatieron y rechazaron
la imposición legal de las vacunas: "Creemos que es mucho más
preferible que los médicos informen y eduquen a los padres sobre los
abrumadores beneficios de la vacunación, no sólo para sus hijos, sino
para la sociedad en general. La relación médico-paciente se basa en la
confianza, la libertad de elección y la transparencia y creemos que la
introducción de la vacunación obligatoria puede perjudicarla".
La sanidad británica apostó por ese contrato social basado en la
confianza y la información. El resultado: los niveles de vacunación en
Inglaterra con la triple vírica acaban de alcanzar un récord y son hoy
los más altos desde 1988, según el último informe
presentado el año pasado, incluso mejores que antes de la llegada de la
crisis provocada por el falso estudio de Wakefield. También se puede
poner como ejemplo el caso de los países nórdicos, que han eliminado el
sarampión, las paperas y la rubéola sin recurrir a la obligatoriedad.
"Hay mucho margen de mejora en otros ámbitos. Aprovechemos lo sucedido
para reflexionar sobre la necesidad de desarrollar actitudes pedagógicas
por parte de los profesionales sanitarios", reclama García Rojas.
6) No es infalible
La literatura científica disponible muestra que hay numerosos
aspectos en los que se puede actuar para mejorar los niveles de
inmunización de los menores. Los factores que han demostrado ser más
eficientes han sido la educación de la población, reducir los costes
asociados, mejorar el acceso (disponibilidad de los vacunadores y
flexibilidad de horarios) y las herramientas informáticas que sirvan
para recordar a los implicados que toca cumplir con el calendario de
vacunación. En un segundo escalón, la exigencia de estar inmunizado para
entrar al colegio y las visitas individualizadas. Varios estudios
señalan el amplio margen para mejorar la percepción ciudadana, que se ha
relajado debido a que ya no se ven estas enfermedades: reforzando los
argumentos de los trabajadores sanitarios ante las dudas y con el
trabajo de los medios recordando los beneficios innegables de la
vacunación.
En la Unión Europea, la mayoría de los países no obligan a vacunar a los
niños y los niveles de inmunización son similares a aquellos que sí lo
imponen, esencialmente los países de Europa del Este (Bulgaria,
República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía),
junto a Grecia e Italia. Francia y Letonia, dos de los países en los que
también se obliga a todos a vacunarse de la difteria, sufrieron la
mitad de los casos de esta enfermedad registrados para toda Europa por
el ECDC; Rumanía representa la mitad de los casos de sarampión de toda
Europa; la República Checa está entre los países más afectados por las
paperas; e Italia tiene la incidencia más alta de tétanos.
EL PAÍS, Martes 9 de junio de 2015
Comentarios
Publicar un comentario