NUÑO DOMINGUEZ
Los colegios privados y concertados no cumplen las normas que limitan
la comida basura y los refrescos altos en azúcar. Esa es una de las
conclusiones de uno de los pocos estudios sobre el tema realizado en
España y que se ha llevado a cabo en todos los colegios públicos y
privados de la Comunidad de Madrid.
Las buenas noticias son que en
los centros públicos de educación primaria no hay máquinas que ofrezcan
refrescos azucarados o comidas altas en grasas. Las malas es que estas
sí que existen en colegios privados y concertados y que sus responsables
ni siquiera saben que hay una normativa firmada en 2005 que limita el
acceso a esas máquinas y controla el tipo de comida que venden. “Uno de
cada tres niños en España está obeso o sufre sobrepeso, un problema que
se ha triplicado en dos décadas”, alerta el estudio publicado en Gaceta Sanitaria y dirigido por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
En 2005 el Gobierno puso en marcha una nueva estrategia contra la obesidad infantil, la Naos.
Como parte de aquel plan, el Ministerio de Sanidad y los empresarios
del sector de la venta automática firmaron un acuerdo voluntario para
reducir el acceso de los estudiantes de primaria a refrescos altos en
azúcares y alimentos altos en grasas o sal. Estudios científicos han
demostrado que el consumo de este tipo de alimentos es un determinante
para sufrir obesidad en el futuro y otros trabajos señalan que casi un
cuarto de los alumnos con acceso a máquinas de refrescos beben hasta cuatro al día.
"El convenio se firmó de cara a la galería"
La nueva normativa tenía como objetivo reducir este problema limitando el acceso a máquinas de vending
de los alumnos de primaria, retirando la publicidad de ellas, los
productos de comida basura y los refrescos altos en azúcares, entre otras medidas.
“Lo más relevante del estudio es que se hizo un convenio para resolver un problema que no existía”, explica Miguel Ángel Royo-Bordonada,
investigador del Carlos III y coautor del estudio. Su equipo analizó la
presencia de máquinas de refrescos en todos los centros de primaria de
Madrid (la muestra fue de 554 centros) y comprobó si se cumplían las
normas. El experto señala que, por ahora, no hay datos de otras
comunidades autónomas en este terreno.
La primera conclusión es
que el problema en los centros públicos era prácticamente nulo, pues
casi ninguno disponía de máquinas de venta de refrescos o comida basura
antes del acuerdo y ninguno las tenía en 2008, tres años después del
mismo. La segunda es que los únicos centros que sí disponen de estas
máquinas y que incumplen las normas son los colegios privados (el 12,7 %
de ellos) y concertados (el 9,4%).
La mayoría de las máquinas
detectadas en Madrid, un total de 23, no cumplía la norma de no ser
accesible a los alumnos de primaria o la de no ofrecer alimentos poco
saludables. Todas estaban en centros que impartían primaria y
secundaria.
“Mi impresión es que el convenio fue de cara a la
galería”, explica Royo-Bordonada. El experto señala que “en los centros
públicos de primaria no hay máquinas por una sencilla razón: los niños
no suelen tener dinero e instalarlas no es rentable”. Por otro lado, su
equipo consultó a los centros privados y concertados que sí tenían esas
máquinas y ninguno dijo conocer la normativa, otro fracaso del citado
convenio firmado entre Sanidad y la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA)
ya que incluía distribuir un código de buenas prácticas con los tipos
de alimentos y bebidas aceptables entre las empresas que abastecen a
colegios.
En total, el 5,8% de los colegios incumplen el convenio
El
acuerdo tenía una duración prevista de dos años, y Sanidad y la ANEDA
dispusieron que hubiera un seguimiento semestral del acuerdo y un
informe anual que se enviaría al Observatorio de la Obesidad. “Durante
los dos años de vigencia, entiendo que se efectuaron los informes
pertinentes, aunque por cambios en la Gerencia y Comité Directivo de la
Asociación no dispongo de documentación alguna sobre el contacto directo
con el Ministerio”, explica Yolanda Carabante, gerente de ANEDA. La
responsable resalta, sin embargo, que la patronal del vending está colaborando “de manera activa” en el desarrollo de un nuevo plan de control de la obesidad en la Comunidad de Madrid.
“La
normativa está para cumplirla y los colegios privados tendrían que
hacerlo porque es positiva”, opina Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
El experto advierte que, en general, las cifras del estudio “no son
malas”, ya que sólo el 5,8% de todos los centros analizados en Madrid
incumple el acuerdo.
¿Se cumple la normativa en los centros de secundaria?
Esto lleva a otro problema potencial: uno de cada tres centros de secundaria en Madrid tiene máquinas de vending, señala el estudio de Royo-Bordonada. En la actualidad, otro convenio de cumplimiento voluntario entre Sanidad y empresarios limita el tipo de alimentos y bebidas que deben vender esas máquinas.
El
equipo de Royo-Bordonada planea realizar un nuevo estudio sobre el
nivel de cumplimiento de la nueva norma, asegura el investigador, ante
la posibilidad de que no se respete.
“En países como Reino Unido,
los acuerdos voluntarios de este tipo funcionan porque cuentan con el
apoyo del Gobierno y la oposición y porque los empresarios saben que, si
no acceden, la norma se impondrá por ley”, explica el experto. “En
España no hay unión y los acuerdos voluntarios no pasa nada por
incumplirlos”, concluye.
EL CONFIDENCIAL, Lunes 29 de julio de 2013
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