PILAR ÁLVAREZ
Los informes que cada colegio haga tras la prueba de sexto de
primaria recogida en la la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE),
a la que en el mes de mayo se enfrentan por primera vez los estudiantes
de 11 y 12 años, "tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa
y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún
caso para la clasificación de centros docentes".
El Ministerio de Educación ha rectificado con este párrafo la orden
que regula estas pruebas en los territorios que gestiona directamente,
Ceuta y Melilla, después de que el Consejo Escolar del Estado le
reclamara en su último informe que pusiera límites legales para evitar
que se puedan publicar rankings de colegios tras la prueba. La
orden se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado con ese
añadido, según un portavoz del ministerio.
El riesgo de que se hagan públicas las clasificaciones
de centros en función de la nota de sus alumnos es uno de los
principales puntos de conflicto del ministerio con distintas comunidades
autónomas que rechazan la prueba y que han manifestado incluso su
intención de no realizarla. Hasta siete regiones (Cantabria,
Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias, Cataluña, País Vasco y
Navarra) han señalado que no la harán o que pondrán un examen diferente a
sus alumnos.
El Consejo Escolar —en la que están representados profesores,
alumnos, padres, miembros de distintas Administraciones (incluido el
Ministerio de Educación), empresarios, sindicatos o personas de
reconocido prestigio— acaba de elaborar un dictamen sobre la orden en la
que Educación regula el examen en los territorios que dependen
directamente del Estado, Ceuta y Melilla, y que el Consejo revisó la
semana pasada.
En uno de los apartados, el borrador del ministerio señalaba que esos
resultados se “difundirán a la comunidad educativa”. El Consejo le
solicitó en su dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que "exprese
con exactitud qué información, qué difusión, durante cuánto tiempo tiene
que estar disponible la información y debería, asimismo, poner límites
para que no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de
centros".
El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha
declarado públicamente en las últimas semanas que se compromete a evitar
las clasificaciones y "a que no se hagan públicos los resultados de las
evaluaciones, si ese es el problema". Pero el borrador de orden que se
envió al Consejo Escolar y a las direcciones provinciales de Ceuta y
Melilla no hacía ninguna referencia. Preguntado a este respecto, un
portavoz oficial del ministerio señaló el pasado jueves a este periódico
que la orden solo regula cómo debe aplicarse la prueba y no tenía por
qué incluir ninguna referencia expresa a los rankings.
La referencia eliminada
Previamente, la LOMCE eliminó una referencia contraria a las
clasificaciones de la ley anterior, la Ley Orgánica de Educación que
elaboró el PSOE. El artículo 144.3 de la LOE recogía
sobre las evaluaciones externas: “En ningún caso, los resultados de
estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de
clasificaciones en los centros”.
Sí existe ese enunciado explícito, por ejemplo, en una de las
comunidades autónomas que gobierna el PP y que celebrará esta prueba en
mayo. La orden que ha enviado Castilla y León a sus centros para la
organización del examen, señala: “Los resultados de las evaluaciones
individualizadas no serán objeto de publicidad a los efectos de
establecer una clasificación de centros”.
El voto particular de las familias
La confederación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública, la CEAPA,
emitió un voto particular para la orden del ministerio que regula las
pruebas de sexto. Esta organización rechaza "totalmente" la tramitación
de esta normativa y pide que se eliminen esos exámenes. Y alegan, entre
otros motivos, que "son una foto fija que se realiza en un momento
determinado" para elaborar "rankings absurdos que intentan conseguir que determinado tipo de centros, los públicos, salgan perjudicados".
La confederación de familias, que representa a 11.000 asociaciones
según sus datos, niega que estas pruebas tengan un efecto positivo en el
progreso de los alumnos y critica que se centren en las llamadas
"áreas instrumentales" (matemáticas, lengua, ciencias e idiomas) y dejen
fuera otras disciplinas, como las artísticas o las deportivas, "que son
igualmente importantes".
También consideran que estas evaluaciones, que realizan docentes que
no son de los propios centros, lanzan un mensaje "de desprestigio del
profesorado, al desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de
la evaluación que este realiza".
EL PAÍS, Martes 26 de abril de 2016
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