ANTONIO NIETO
Desde 2006, el 18 de abril se celebra el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, una fecha en la que se reivindica que, a pesar de las dificultades económicas o de otras índoles, los diferentes sistemas sanitarios garanticen a los pacientes y ciudadanos europeos el cumplimiento de 14 derechos fundamentales que impactan directamente sobre el estado de salud de la población. Hoy, desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) queremos llamar la atención sobre la vulneración de varios de estos derechos en los pacientes pediátricos de nuestro país.
La Red de Ciudadanía Activa en las consideraciones preliminares de su Carta de 2002, en la que describe los derechos, señala que ésta "se aplica a todos los individuos, reconociendo el hecho de que diferencias como la edad, sexo...[...], pueden influenciar las necesidades individuales de asistencia sanitaria". A pesar de que esta declaración puede parecer básica, llevamos tiempo viendo cómo en nuestro país no sólo no se tiene en cuenta, sino que además las decisiones políticas que se están tomando contribuyen a que se vulnere de forma permanente, con consecuencias para la futura salud de la población y con pocos visos de mejora. Por eso, a fecha de hoy en España, donde el déficit de pediatras -sobre todo en Atención Primaria- es cada vez más acusado, podemos afirmar queno se está respetando el derecho de los niños a que se reconozcan sus características diferenciales como tales y no sean tratados como "adultos en pequeño". El modelo basado en la asistencia a toda la población por parte de Médicos de Familia ha demostrado su insuficiencia en relación a la población infantil, por lo que está siendo duramente cuestionado en los países en los que se aplica.
Es cierto que en España disponemos de un modelo sanitario que permite (a la mayoría) de los niños acceder a los más altos estándares de calidad asistencial. Es de sobra conocido que contamos con hospitales que por su oferta de especialidades pediátricas podemos calificar de referencia nacional, incluso internacional. Pero... ¿qué ocurre con esos niños que viven en zonas rurales donde, por número de habitantes infantiles, no hay pediatra y son atendidos por médicos sin la formación específica? ¿Y con aquéllos cuyo pediatra se jubila y no es reemplazado? ¿Podemos garantizar que los niños reciben la mejor atención sanitaria posible con las plazas MIR de Pediatría que se están convocando? ¿Son la solución al problema propuestas extravagantes como reducir la edad infantil o, por el contrario, prever las necesidades reales de pediatras a medio plazo e implementar medidas tendentes a satisfacer dichas necesidades?
Las respuestas a estas preguntas muestran el deterioro que está sufriendo actualmente nuestro sistema sanitario. Y lo peor es que de mantener esta situación en la que los niños son tratados por médicos no suficientemente formados en Pediatría, cabe esperar consecuencias negativas en la salud de la población adulta en un plazo de 30 o 40 años. Porque muchas enfermedades que se manifiestan de forma patente en el adulto tienen su génesis en la infancia, cuando la prevención primaria tiene auténtica eficacia.
Desproteger el derecho de los pequeños a ser tratados como niños y no como adultos significa también vulnerar otros como son el derecho al acceso a las medidas preventivas, al cumplimiento de los estándares de calidad, a la seguridad o el derecho a evitar el dolor y sufrimiento innecesario. Porque tratar a un niño en un entorno pensado para mayores representa no permitirle acceder a las políticas que se aplican en los entornos pediátricos para reducir, en la medida de lo posible, el impacto y dolor que la aplicación de determinadas metodologías diagnósticas y terapéuticas pueden tener sobre ellos. Igualmente, hospitalizar a un pequeño en una unidad de adultos conlleva privarle del beneficio que han demostrado los entornos amigables sobre su salud. Porque las unidades pediátricas adaptadas o los uniformes de sus profesionales sanitarios "menos serios", entre otros elementos, no responden a modas, sino a resultados clínicos.
Por todo ello, y ante las evidencias, las Administraciones, profesionales sanitarios, y más aún los pediatras, tenemos la responsabilidad de garantizar a todos los niños, sin diferencias geográficas, su derecho a acceder a una sanidad que le evite el dolor, que favorezca su recuperación y que le trate y cuide como el niño que es. Porque si no somos capaces de asegurar el derecho más básico de reconocer a un niño su condición de menor, ¿cómo podemos proteger los demás derechos de los pacientes?
* Antonio Nieto es vicepresidente 1º de la Asociación Española de Pediatría.
EL MUNDO, Martes 18 de abril de 2017
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