OLGA R.SANMARTÍN
Los 203 alumnos del colegio público Monte de El Pardo de Madrid van a clase con uniforme. Los padres decidieron ponerlo hace una década por comodidad y para dejar menos en evidencia las diferencias socioeconómicas de las familias. Tras aprobarlo con un 80% de los votos en el Consejo Escolar, acordaron una única premisa: que fuera lo más barato posible. Optaron por un pantalón y una falda gris que, por menos de 12 euros, se compra en cualquiera de las grandes superficies, un jersey de pico azul marino del mismo precio y un socorrido polo blanco. El escudo que va en el pecho cuesta 1,5 euros y se diseñó para que pudiera coserse y descoserse y durara, por tanto, varios años.
Las chicas pueden escoger si llevan falda o pantalón. «Lo que ocurre, en la práctica, es que las pequeñas van con pantalón, porque es más cómodo, pero las mayores, las de 10 u 11 años, prefieren venir con falda», explica durante el recreo la jefa de estudios,Victoria Valero.
«¿Que por qué queremos llevar falda? Porque nos gusta ir más arregladas», responde Marta, una alumna de 11 años de 6º de Primaria. ¿Y no les resulta incómodo para jugar en el recreo? «Si tenemos que hacer el pino, nos ponemos mallas cortas debajo de la falda. Es que no nos gusta nada el pantalón», aclara a su lado su amiga Edurne.
Escenas como ésta ocurren en muchos centros. Antes, el uniforme era patrimonio exclusivo de la escuela privada y concertada, pero ahora se debate su uso también en la pública. Aunque la mayoría de padres sigue prefiriendo la ropa de calle, hay colegios públicos en donde se está discutiendo su utilización.
En la Comunidad de Madrid, esta prenda está presente en el 20% de los cerca de 800 centros públicos que hay en la región, según estimaciones del Gobierno regional. Surgió por primera vez en 2004 -la entonces presidenta Esperanza Aguirre era muy partidaria e incluso estableció deducciones fiscales a su compra- y desde entonces hasta ahora su uso se ha multiplicado por 20.
Preferencia por la ropa de calle
En el resto de España no es muy popular, pero también se debate su utilización, según la información recabada en todas las consejerías de Educación, que señalan que, al ser ésta una decisión que se toma en los propios colegios, en el marco de su autonomía, no tienen ni datos concretos ni regulación a nivel regional. EnAndalucía «se ha acordado ponerlo en algunos centros, pero no de forma obligatoria», algo que también ocurre en Galicia, Extremadura, Asturias, Murcia oAragón. En la Comunidad Valenciana se extendió durante la época en que gobernaba el PP, pero ahora los padres no lo quieren. También se ha debatido sobre la cuestión, con el mismo no mayoritario de las familias, enBaleares,Castilla-La Mancha o La Rioja, en cuya consejería indican que «hay un uso desigual»: algunos centros lo han aprobado pero luego los niños no lo llevan porque «van en chándal». Hay otros, como el colegio público Las Gaunas de Logroño, en el que los padres han votado no ponerlo.
«Este debate se ha planteado varias veces en el colegio», recuerda Elisa García, miembro del Ampa. «Hace un par de años, los padres de Infantil lo pidieron y el Ampa estuvo preguntando precios; incluso propusimos un forro polar y unos leggings para que todos los niños fuesen iguales, pero la mayoría de las familias no quiso. Hace ocho años también se planteó y hubo votaciones en el Consejo Escolar, pero no se obtuvieron los votos suficientes. Se decidió, en cambio, el uso voluntario del chándal del colegio, que es azul con franjas amarillas, pero la verdad es que lo utilizan muy pocos niños en la actualidad. Al final, te compras un chándal en el Decathlon y te sale más barato».
El director del centro, Jesús Vicente Ruiz, apunta que la ropa de calle no impone demasiadas diferencias de clase entre sus alumnos porque, como promueven «un consumo responsable», los niños no suelen llevar muchas marcas. «Además, la ropa acaba siendo un medio de expresión, una forma de manifestación personal», argumenta.
Es lo mismo que piensa Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga y portavoz del Foro Sevilla por Otra Política Educativa. «Yo no estoy a favor del uniforme, la diversidad es importante y es importante también que los niños puedan expresarse a través de cómo visten», manifiesta. «Los colegios privados buscan el uniforme por elitismo, porque los distingue y muestra que pertenecen a un colectivo especial. Los colegios públicos están imitando esta actitud, las familias buscan esta distinción. Pero, en realidad, es un símbolo de la uniformidad que la escuela ha tenido desde el capitalismo industrial, una escuela en la que todos los niños aprenden lo mismo y en la que no se genera singularidad».
¿Una escuela pública gratuita?
La postura de Rodríguez es también la de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que opina que «hay una obsesión por que la pública deba comportarse como la privada, donde el uniforme, en muchos casos, lo llevan como seña de identidad», en palabras de su presidente, José Luis Pazos.
La Ceapa, que agrupa a 12.000 asociaciones de la escuela pública, vigila por que el uniforme sea siempre voluntario para cada una de las familias, ya que, recuerda, «la enseñanza debe ser gratuita». El pasado septiembre, sus servicios jurídicos emitieron un informe en el que concluían que la imposición con carácter obligatorio de esta prenda en un centro público «no es legal», incluso aunque lo haya aprobado el equipo directivo del colegio o haya obtenido consenso en el Consejo Escolar, porque supone «la vulneración de un principio constitucional [elartículo 27 de la Carta Magna] establecido en nuestra norma suprema como es la garantía de una educación pública y gratuita».
En el fondo, esta cuestión suscita bastante controversia, porque, según varias fuentes educativas, la Lomce ha concedido al director tanta capacidad de actuación que, si se empeña en que en su centro haya uniforme, podrá imponerlo a todos los alumnos a pesar de que los padres no estén de acuerdo.
José María Alvira, secretario general de la patronal Escuelas Católicas, detalla que el 54% de los alumnos de Primaria y el 44% de los de Secundaria de los 3.373 centros a los que representa llevan uniforme. «Es una elección adoptada por el colegio y que está completamente refrendada por las familias. Aquellos centros que han escogido esta opción no lo han hecho con intención de constreñir la personalidad de los alumnos; a través del uniforme, el centro incentiva la democratización entre el alumnado, aumenta el sentido de pertenencia y, en muchos casos, se presenta como una oportunidad de ahorro para los padres», enumera.
En este sentido, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), añade que «el uniforme es más barato o más caro dependiendo de los sitios, el material y los acuerdos a los que lleguen los centros con las empresas». «La gran mayoría de nuestras familias son partidarias del uniforme, porque hace más iguales a todos los alumnos y no hace distinciones sociales. Además, evita conflictos entre los padres y los hijos sobre lo que se ponen éstos por las mañanas».
«Los uniformes tienen cosas positivas y negativas», sintetiza la psicóloga Silvia Álava. «Nos sirven para homogeneizar el grupo y que todos los estudiantes se sientan iguales, y también para evitar comparaciones que surgen en estas edades con las marcas. Es verdad que ayudan a dar un sentido de pertenencia al grupo, de equipo y de unidad al que lo lleva, como ocurre con los uniformes de trabajo. También tienen un componente de comodidad... Pero la parte negativa es que evitan la diferenciación del individuo, que también es importante para el desarrollo de la personalidad».
La 'guerra del uniforme'
En el Vicente Cañada Blanch, el colegio público de titularidad del Estado español en Londres, el uniforme ha provocado este curso una verdadera «guerra», en palabras de varios padres. La directora decidió que todos los alumnos debían llevarlo obligatoriamente a partir de este curso, en contra del criterio de un buen número de familias. «Nos supone un gasto adicional de 300 libras [unos 340 euros] por nuestros dos hijos. No es un uniforme cualquiera, hay que comprarlo en uno de los grandes almacenes más exclusivos de la ciudad. No podemos afrontarlo», cuenta Daniel Jurado, que, tras interponer varias reclamaciones, ha terminado sacando a sus hijos del colegio a mitad de curso. Otras familias han hecho lo mismo. La Subdirección General de Inspección no les ha dado la razón porque, según explican en el Ministerio de Educación (de quien depende la gestión del colegio), «la decisión de que el alumnado utilice obligatoriamente uniforme escolar fue adoptada por la directora en el ejercicio de sus competencias y fue aprobada por el Consejo Escolar y el claustro de profesores». Los padres aseguran que «el uso del uniforme nunca se ha sometido a debate» y acusan a la directora de haber «forzado» su aprobación «con triquiñuelas», ya que, dicen, lo incluyó «de tapadillo» dentro del proyecto educativo del centro y esto provocó que, a pesar de que el Ampa estaba en contra, finalmente se aprobara en el Consejo Escolar. «La educación debe ser gratuita», opina Juan Miguel Garrido, otro padre. «Al ser un centro público, el uniforme no debe ser obligatorio».
EL MUNDO, 20/03/2017
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