ANA TORRES MENÁRGUEZ
Se cumple un mes desde que cerraron los centros educativos y hay más incertidumbres que certezas. Los profesores todavía no han recibido una hoja de ruta sobre cómo evaluar a sus alumnos en un momento en el que aún no está claro si España optará por el aprobado general, como han hecho otros países europeos como Italia, o no. Ahora, organizaciones educativas y expertos lanzan una nueva petición: que se abran los colegios durante el verano (si las condiciones sanitarias lo permiten) para que los alumnos que lo necesiten puedan reforzar contenidos curriculares, acceder a actividades deportivas y a un menú diario.“
"Muchas familias no tienen los dispositivos digitales necesarios ni las habilidades o el nivel cultural para acompañar a sus hijos en un aprendizaje autónomo; nos estamos jugando que muchos chavales se descuelguen del sistema”, explica Álvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children, la impulsora de la carta remitida a la ministra del ramo, Isabel Celaá, y a los consejeros autonómicos, y firmada por 12 organizaciones educativas (entre ellas, la confederación de asociaciones de familiares de alumnos CEAPA) y por más de 30 expertos ligados a la Universidad y ex altos cargos en Educación (tanto del PSOE, como el ex secretario de Estado Álvaro Marchesi, como del PP), entre otros. La misiva —que contempla otras cuatro medidas— persigue que los dirigentes políticos, que se reúnen este miércoles para decidir cómo cerrar el curso ante la pandemia del coronavirus, aprueben medidas que frenen la brecha entre los alumnos más aventajados y los más desfavorecidos.
Desde que se decretó el estado de alarma, 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas regladas no universitarias siguen el curso desde casa. A la brecha digital (el 10% de esos hogares no tiene acceso a Internet), se suma la situación de estrés que viven las familias por la pérdida de empleos y el confinamiento en espacios, muchas veces, reducidos. “No se trata solo de dar apoyo curricular, sino psicológico y de conciliación para las familias, que están viviendo situaciones muy duras”, apunta Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y firmante de la carta.
En Reino Unido, la Defensora del Menor, Anne Longfield, reclamaba este fin de semana que las escuelas abran en algún momento durante las seis semanas de vacaciones estivales para ayudar a los niños a “ponerse al día” con el temario y, al mismo tiempo, ofrecer un apoyo a las familias que se reincorporarán a sus puestos. “Tanto si se abren para todos los alumnos como si no, tienen una función muy importante, especialmente para los más vulnerables”, señaló Longfield. El sindicato de profesores británico manifestó que no es viable ni negociable porque supondría dejar a los docentes sin descanso.
Uno de los firmantes de la carta, Ismael Sanz, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid (con el Gobierno del PP) y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, señala en el estudio Efectos de la crisis del coronavirus en la educación, publicado la semana pasada por la OEI (la organización de los estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura) que con el confinamiento los alumnos perderán de media un 11% de lo que se aprende en un curso escolar. Los efectos a largo plazo pueden suponer una pérdida del 1% de su salario cuando se incorporen al mercado laboral a los 30 años, según esa misma proyección. En ese informe, en el que participan otros dos investigadores, propone que durante el mes de julio se contrate a interinos que no están trabajando y a antiguos alumnos de los propios centros con estudios superiores y en el paro para atender a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que lo soliciten.
La propuesta contempla recuperar el llamado plan PROA, impulsado por el Gobierno y las autonomías de 2005 a 2012 para prestar apoyo educativo a los alumnos con necesidades, y aplicarlo tanto en julio como a lo largo del curso 2020-2021. “Hay que actuar cuanto antes; si dejamos que ahora se descuelguen del sistema educativo, luego será mucho más difícil recuperarlos”, indica.
España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar (un 17,3% frente al 10,6% de media de la UE) y, según los expertos consultados, el cierre de los centros y la pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias podría empeorar esa cifra. Entre 2007 y 2012, la investigadora Jenifer Ruiz-Valenzuela, de London School of Economics, analizó el rendimiento académico de alumnos catalanes antes y después de que uno de sus padres perdiera el empleo como consecuencia de la crisis. La situación de desempleo conllevó una disminución de la nota media de los hijos del 13%, lo que supone medio punto al año.
En España, algunas comunidades llevan años organizando actividades en los colegios durante el verano para los niños más desfavorecidos. En julio de 2018, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil lanzó el programa VECA, para que los centros diesen cobertura a niños en riesgo de exclusión social durante las vacaciones. Ese año se destinaron 5,2 millones de euros para un total de 66.000 menores. “La situación de crisis que afrontamos puede servir a la Administración para innovar: hay que hacer extensibles esos programas a todo el alumnado que lo solicite y con un enfoque académico, además de alimentario”, opina Carles López, ex presidente de la confederación de estudiantes Canae y firmante de la carta. De lo contrario, la parte del alumnado que no está siguiendo el ritmo escolar durante el confinamiento “corre el riesgo de desvincularse de la escuela e incluso abandonar”, añade.
Para el Paco García, secretario de Educación del sindicato CC OO, se trata de una medida “muy interesante” que merece la pena analizar. A su juicio, el gran problema es la financiación. “¿Quién va a pagar el sueldo de esos profesores de refuerzo, el Ministerio o las autonomías?”, cuestiona. “Teniendo en cuenta que estamos en un escenario en el que la caída del PIB puede superar a la de la gran crisis de 2007, es muy importante tener en cuenta en qué condiciones se va a contratar a ese personal”.
Según los cálculos de Jorge Sainz, ex secretario general de Universidades con el Gobierno del PP y catedrático de Economía y firmante de la carta, el coste de un programa de refuerzo en julio y durante el próximo curso podría ascender a 248 euros por alumno, unos 2.000 millones en caso de que lo solicitasen los 8,2 millones de alumnos ahora confinados. Este cálculo lo ha hecho a partir del presupuesto contemplado en el capítulo de educación en el plan de estímulo a la economía por el coronavirus lanzado por el Gobierno de Estados Unidos, analizado por la Brookings Institution, de la Universidad de Stanford.
MODIFICAR LA EVALUACIÓN Y LIMITAR LA REPETICIÓN DE CURSO
En la carta enviada por la ONG Save the Children a la ministra Isabel Celaá —suscrita por 40 organizaciones y expertos— se piden además otras cuatro medidas para frenar la desigualdad entre estudiantes provocada por el coronavirus. Proponen que se modifique la evaluación para limitar la repetición de curso, una medida “muy habitual” en los centros españoles que se puede agravar de manera “muy injusta” estos meses. “Debe ser una opción residual como sucede en la mayoría de países europeos”.
También apuestan por adaptar el currículo del próximo curso de forma “urgente”. “En lugar de la sobrecarga de contenidos actual, proponemos priorizar e incorporar aprendizajes no abordados en función de las necesidades de cada estudiante”, señala el documento. Con el objetivo de ampliar el refuerzo educativo en horario escolar y extraescolar durante el próximo curso, consideran oportuno reeditar el programa PROA y otros de carácter autonómico para dar soporte a los que presenten más dificultades. Por último, incluyen que se dote a los centros educativos y a los propios estudiantes de la tecnología y la formación necesaria para poder seguir los programas a distancia. “Hay que asegurar que el sistema esté preparado para enfrentar situaciones similares, de forma que la competencia digital esté al alcance de todos”, independientemente de la situación socioeconómica de la familia. “Necesitamos liderazgo para la puesta en marcha de programas tecnológicos en la red pública”. De momento, el Ministerio de Educación ha enviado 20.000 tarjetas SIM de 40 Gbs mensuales a los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional con menos recursos.
EL PAÍS, Martes 14 de abril de 2020
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