JAVIER BOCANEGRA
Se avanza en los detalles, pero no en todos. Finalmente, la mascarilla será obligatoria en la calle si no se pueden garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. Así lo acordó este lunes el Ministerio de Sanidad con los distintos ejecutivos autonómicos. Se culmina así un giro evidente y drástico desde el inicio de la epidemia, cuando no se recomendaba siquiera el uso de estos sistemas de protección individual para las personas sanas. Ahora, en plena desescalada, el Gobierno ha pactado con las CCAA que su empleo será una obligación cuando no se puedan garantizar los dos metros de distancia mínima en la vía pública y también en espacios cerrados.
Según informó este lunes Sanidad pasadas
las 20:00, el acuerdo con las comunidades se alcanzó durante el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se reunió en la tarde
de este lunes. "Será obligatorio, como hasta ahora, en el transporte público, y también en espacios cerrados", además de en la
calle, en los supuestos ya mencionados, cuando no se pueden guardar los dos
metros.
Sanidad no especificó cuándo se sabrá si esta distancia de seguridad está garantizada y cuándo no. Y también si hay excepciones, como personas con diversas patologías o niños. Queda hilar muy fino, y ya el departamento que dirige Salvador Illa adelantó que los detalles sobre la obligatoriedad de la mascarilla quedarán recogidos en una orden ministerial que se publicará "en los próximos días".
Lo que decían en marzo
Para llegar a este punto, el Gobierno ha recorrido casi todas las posiciones posibles, aunque también los organismos internacionales han ido variando su postura según iba evolucionando la pandemia por covid-19. Así, en febrero y ya incluso en marzo, con el estado de alarma vigente, desde el Ministerio de Sanidad y desde la propia Organización Mundial de la Salud se rechazaba que su uso fuera necesario de forma generalizada y se apuntaba a que solo las llevaran las personas con posibles síntomas y aquellos diagnosticados. Ya el 3 de abril, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, deslizó que "probablemente" se recomendaría su uso cuando hubiera la capacidad necesaria para abastecer a la población.
Y ese era el problema básico en los primeros compases de la lucha contra el coronavirus. No había suficientes unidades para toda la población. A comienzos de abril, cuando medio planeta estaba confinado, el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC), cambió de criterio y pasó a recomendar la mascarilla en lugares concurridos como "complemento" a las medidas de higiene, la etiqueta respiratoria y la distancia de seguridad. Eso fue el 8 de abril. El 10, Illa pasaba a recomendar el uso de esta prenda. Apenas tres días después concluía el permiso retribuido recuperable y se consideraba necesario aconsejar la mascarilla en el transporte público. El Gobierno acompañó el consejo con la entrega de 10 millones de unidades en los nodos más concurridos de toda España.
Cuando el Gobierno presentó el plan de desescalada,
a finales de abril, ya la considera "altamente recomendable"
en el espacio público, y el 2 de mayo Sánchez anunció que
se hacía obligatorio su uso en el transporte público, y de nuevo
hubo distribución gratuita en todo el país (de 14,5
millones de unidades). Ahora, se da un paso más para
generalizar su uso. Esta prenda de barrera será, pues, obligatoria en el
transporte público y en espacios cerrados y en la vía pública cuando no se
pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros. El anuncio llega
cuando 32 millones de españoles se
encuentran ya en la fase 1, que reduce las limitaciones de
movilidad y que permite las reuniones sociales y la apertura de las terrazas de
los bares al 50%, entre otras medidas de relajación del confinamiento.
EL CONFIDENCIAL, Martes 19 de mayo de 2020
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